Este pasado viernes nos desayunamos con la noticia de la detención por un posible caso de corrupción del Delegado del Gobierno de la Comunidad Valenciana.
Al
Sr. Serafín Castellano, mano derecha de los presidentes autonómicos valencianos
Zaplana, Camps y Fabra, se le imputa cargos tan graves como malversación de
caudales públicos, cohecho, delito contra la Hacienda pública, falsedad
documental, prevaricación y blanqueo, todos supuestamente cometidos durante su
periodo como Conseller de Gobernación de la Comunidad Valenciana (2007-2014).
Su
paso por las Consellerías de Sanidad, Justicia y Administraciones Públicas ha
dejado un rastro de amiguismo en las contrataciones y en la adjudicación de
puestos que a buen seguro serán objeto de investigación.
Tan lejos como el pasado mes de mayo el ejecutivo presidido por Mariano Rajoy avaló su gestión, aunque no tardó ni dos minutos en destituirle cuando se supo su detención.
Hoy se encuentra en libertad provisional tras declarar ante el juez y en espera de juicio aunque ya ha tenido la llamada “pena del telediario” saliendo en todos los medios de comunicación no con la mano en el cogote como su compañero de partido Rodrigo Rato sino con una oportuna chaqueta para tapar las esposas.
Aunque existe en nuestro Código Penal el principio de presunción de inocencia, el mal ya está hecho. Han sido tantos los casos de corrupción que llueve sobre mojado.
La
lista de imputados del PP valenciano (y de otras comunidades y ayuntamientos
donde gobernaban en mayoría durante varios lustros) va creciendo día a día.
Cuando
se lleva tanto tiempo en las alturas se tiende a pensar que nada puede hacerte
caer sin tener en cuenta el efecto de la gravedad sobre los cuerpos.
Cuanto más alto se sube, más dura y rápida es la caída.