La
ley y la ética se mueven en distintos planos.
Todo
lo que está permitido o regulado por las leyes no tiene porque ser lo que se
debe hacer o lo que es correcto hacer.
Ejemplos de esto los tenemos, desgraciadamente a diario, en la política española.
La semana pasada se destapó que dos señores diputados, Federico Trillo y Vicente Martínez Pujalte, asesoraron a una empresa constructora que contrataba con la Administración y las retribuciones de estos asesoramientos, superaban con mucho las retribuciones de un consejo de administración externo en una empresa mediana.
La ley prohíbe recibir dos sueldos públicos al mismo tiempo o el desempeño de un trabajo en el sector privado mientras se es diputado o senador (hay algunas excepciones a dicha ley) por lo que estos dos señores estaban dentro de la legalidad; otra cosa es que estos hechos fueran moralmente correctos ya que se aprovecharon de su cargo para beneficiarse ellos y a terceros gracias a su “gran conocimiento de la economía y del país”.
Los
políticos se acostumbran a un nivel de vida que requiere de unos ingresos
adicionales.
Los empresarios oportunistas ven las ocasiones de hacer negocio acercándose a los cargos públicos para obtener favores.
Debería
primar lo ético frente a lo legal porque sino se podría pensar que los señores
políticos están en otros intereses y no en los intereses de los ciudadanos.