Allá por la “prehistoria”, cuando estudié mi primera carrera, se solía decir que de lo que se estudiaba a la realidad iba todo un mundo.
Hoy por hoy, esta frase popular
sigue con plena vigencia y más si cabe en el mundo del Derecho, que es lo que
estoy estudiando ahora.
Ejemplos tengo varios, pero el
último ha sucedido esta pasada semana con la marcha atrás del Tribunal Supremo
en referencia a las hipotecas.
Mis queridos profesores del Grado
de Derecho nos han repetido una y mil veces que “la seguridad jurídica es la
certeza del derecho que tiene el ciudadano de modo que su situación jurídica no
será modificada más que por procedimientos regulares y conductos legales
establecidos, previa y debidamente publicados.”
Hasta aquí la teoría, la práctica
es otro cantar porque el mismo Tribunal Supremo, órgano jurisdiccional nacional
que se encuentra en la cúspide de Poder Judicial, echa marcha atrás en una de
sus sentencias que establecía que los bancos eran los que tenían que pagar el
impuesto por las hipotecas (impuesto de actos jurídicos documentados) aludiendo
a la enorme repercusión económica y social que ha generado.
Según el criterio del presidente
de la Sala de lo Contencioso Administrativo es mejor no alterar el mundo
financiero que echar por tierra todo el concepto de seguridad jurídica creando
caos e incertidumbre en las entidades financieras, en los mortales que tenemos
una hipoteca y en general en todos los ciudadanos españoles que creemos que
estamos en Estado de Derecho y nuestra Constitución garantiza el principio de
seguridad jurídica como así lo recoge su artículo 9.3.
Espero con verdadero interés las
explicaciones de mis profesores.
